Fiscal argentina pide juicio para un ingeniero y un arquitecto tras la caída mortal de la fachada de una torre

La fiscal María Celeste Blasco firmó el pedido el 4 de noviembre, informó La Voz del Interior. Ambos están acusados de estrago culposo calificado, delito que el Código Penal argentino castiga con uno a cinco años de prisión. Ambos negaron los cargos mientras duró la instrucción. El pedido busca que la causa pase a juicio oral.

La noche del 17 de mayo de 2025, fuertes ráfagas desprendieron un gran tramo del revestimiento de ladrillo de la torre María Reina V, a unos 45 metros (148 pies) de altura. Cayó sobre el inmueble vecino de bulevar San Juan 673, donde funcionaban Posto Bar y una vivienda familiar. Ramiro Alaniz Cortés, de 34 años, murió aplastado en el lugar.

La acusación se apoya en un peritaje de un centro de ensayos de la Universidad Nacional de Córdoba, firmado por el ingeniero civil Pedro Huerta Soaje en febrero de 2026. El informe concluyó que las ráfagas, de unos 94 km/h (58 mph), estaban dentro de las cargas que las normas locales exigen resistir. Los peritos contaron apenas 30 anclajes sujetando el revestimiento, cuando una pared de esa altura necesitaba al menos 231. Según el informe, a la obra que hizo FITO S.R.L. le faltaban refuerzos metálicos y una conexión estructural adecuada, y no cumplía las reglas sobre cargas sísmicas y laterales. De haberse construido conforme a las normas, la pared no se habría caído, concluyeron los peritos.

Según la fiscalía, el ingeniero estuvo a cargo de levantar la mampostería exterior y el arquitecto, contratado como director técnico, dejó avanzar los trabajos sin verificar que cumplieran las normas. No se imputó a funcionarios municipales. La investigación concluyó que la municipalidad solo controla normas urbanísticas y planos, mientras que los métodos constructivos y la seguridad son responsabilidad de quienes dirigen y construyen cada obra.